Notas de Prensa

angle-left

Sentencia 00124/2018

JDO. DE PRIMERA INSTANCIA N. 7 ALBACETE

 

-

C/ DIONISIO GUARDIOLA, 44, BIS

Teléfono: 967 22 94 97, Fax: 967 55 12 47

Equipo/usuario: 01 Modelo: N04390

 

N.I.G.: 02003 42 1 2017 0006160

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001172 /2017

Procedimiento origen:          /

Sobre OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE D/ña. ABOGADOS QUIJADA Y ASOCIADOS, SRL

Procurador/a Sr/a. DOMINGO RODRIGUEZ-ROMERA BOTIJA Abogado/a Sr/a.

DEMANDADO D/ña. ORANGE ESPAGNE, SAU

Procurador/a Sr/a. ANA ISABEL NARANJO TORRES Abogado/a Sr/a.

 

 

Procedimiento: Juicio Ordinario nº 1172/2017

 

SENTENCIA

En Albacete, a dos de mayo de dos mil dieciocho.

Vistos por DOÑA FRANCISCA COTILLAS MORENO, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número siete de los de Albacete y su Partido, los presentes autos de JUICIO ORDINARIO seguidos con el número 1172/2017, a instancia del Procurador  de los Tribunales don Domingo Rodríguez-Romera Botija, en nombre y representación de ABOGADOS QUIJADA Y ASOCIADOS SRL, asistida de la Letrada doña María de los Llanos López Vázquez, contra ORANGE ESPAGNE SAU, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Ana Isabel Naranjo Torres y asistida de la Letrada doña Mónica Méndez Fernández, con intervención del MINISTERIO FISCAL, sobre protección civil del derecho al honor y a la propia imagen, procede dictar la presente resolución,

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO.- Con fecha de 20 de septiembre de 2017, se presentó por el Procurador de los Tribunales don Domingo Rodríguez-Romera Botija, en la representación que ostenta, demanda ante la oficina de reparto del Juzgado Decano de esta ciudad, que por turno correspondió a este Juzgado, contra Orange Espagne SAU, basándose en los hechos y fundamentos de derecho expuestos en el referido escrito, y terminaba suplicando que se dicte en su día sentencia “en la que:

  1. Declare que la conducta desarrollada por Orange Espagne SAU, consistente en la inclusión de Abogados Quijada y Asociados SRL en dos ficheros de morosos, Asnef Empresas y Badexcug, constituye una intromisión ilegítima en los derechos de imagen de Abogados Quijada y Asociados SRL.
  2. Prohíba a Orange Espagne SAU continuar con la campaña publicitaria descrita en el expositivo primero de esta demanda.
  3. Condene a Orange Espagne SAU a resarcir económicamente a Abogados Quijada y Asociados SRL por los daños y perjuicios causados, según las bases establecidas en el hecho quinto de la presente demanda, en la cantidad de 40.000 € e intereses legales desde la reclamación por burofax recibida por la demandada el 19 de abril de 2017, hasta su total pago.
  4. Condene a Orange Espagne SAU a publicar la Sentencia, a su cargo, en los mismos ficheros donde se han difundido los anuncios denunciados, a saber: Asnef Empresas y Badexcug.
  5. Condene a Orange Espagne SAU a satisfacer las costas del presente procedimiento”.

 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la demandada Orange Espagne SAU para que, en el término legal, compareciera en las actuaciones y formulara el escrito de contestación, cosa que hizo con el resultado que consta en autos, en base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos y en el que terminaba suplicando que se dictara sentencia por la que se desestimase íntegramente la demanda, con expresa condena en costas a la parte demandante.

 

El Ministerio Fiscal, que también fue emplazado para contestar la demanda, presentó su escrito en fecha de 9 de noviembre de 2017 solicitando se dictara en su día sentencia con arreglo al resultado que ofrecieran las pruebas practicadas.

 

TERCERO.- Asimismo, por Diligencia de Ordenación de 11 de enero de 2018, y de conformidad con el artículo 414 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se convocó a las partes a  la audiencia previa al juicio, que tuvo lugar el día 23 de enero de 2018 con la asistencia de las partes litigantes y el Ministerio Fiscal, exhortándose a las mismas a que llegaran a un acuerdo, lo que no se logró, por lo que prosiguió la audiencia oyendo a las respectivas representaciones respecto  de los documentos presentados y la proposición de prueba, admitiéndose la pertinente.

 

En dicho acto, también se resolvió oralmente la excepción de cosa juzgada o preclusión de acciones del artículo 400 LEC invocada por Orange, siendo desestimada. Las razones de dicha desestimación se recogieron en el Auto de 23 de enero de 2018, confirmado por Auto de 6 de marzo de 2018.

 

CUARTO.- Dado que la única prueba propuesta y admitida fue documental, una vez practicada, las partes formularon por escrito sus respectivas conclusiones.

 

QUINTO.- Por Diligencia de Ordenación de 25 de abril de 2018, quedaron los autos vistos para Sentencia.

 

SEXTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

PRIMERO.- Por la representación procesal de Abogados Quijada y Asociados SRL se interpuso demanda sobre protección civil del derecho a su honor y a la propia imagen,  a sustanciar por los trámites del juicio ordinario,  contra Orange Espagne SAU, por la debida inclusión de la actora en  los ficheros de morosos Asnef Empresas y Badexcug.

 

En concreto, se invoca que, fruto de las relaciones de telefonía entre las partes, Abogados Quijada notificó a Orange su baja voluntaria con fecha de 23 de diciembre de 2013, con efectos desde el 26 de diciembre de 2013; fecha en que la demandante no adeudaba ninguna cantidad a la demandada.

 

No obstante lo anterior, Orange ordenó la incorporación de la actora, como deudora de facturación de los meses de enero y febrero de 2014, en las empresas de morosidad Asnef Empresas y Badexcug Experian por un importe de 47’19 € en un principio y 87’59 € posteriormente, sin haber cumplido el requisito de información previa a la inclusión en el registro de morosos  que recoge el artículo 39 del Real Decreto 1720/2007.

 

La demandante ha permanecido publicitada en los indicados archivos de morosidad durante los años 2014, 2015, 2016 y  2017.

 

Pues bien, dicha utilización inconsentida de la imagen de Abogados Quijada por parte de Orange, al incluirla en los dos ficheros de morosos, supone una intromisión ilegítima del derecho a la imagen de la actora, razón por la cual solicita que así se declare judicialmente y que, además, la demandada  le indemnice por los daños y perjuicios causados en la suma de  40.000 €, a razón de 20.000 € por la inclusión en cada fichero.

 

Frente a la demanda formulada se opone la parte demandada invocando que la demandante mantenía una deuda con la  demandada por importe de 87’59 € correspondiente a  las facturas de enero y febrero de 2014, las cuales no habían sido abonadas por la actora; que Orange intentó cobrar extrajudicialmente dicha deuda por sí misma y a través de una empresa de recobro advirtiendo expresamente de la posibilidad de ser incluida en los ficheros Asnef y Badexcug en caso de persistir en el impago; que, ante el impago, la inclusión en  el fichero de Asnef tuvo lugar el 5 de abril de 2014 y en el fichero de Badexcug tuvo lugar el 8 de abril de 2014 y se mantuvieron hasta el 8 de marzo de 2017; que la indemnización solicitada es improcedente porque la normativa invocada por la actora para fundamentar su procedencia no es aplicable al tratamiento de los datos sobre solvencia patrimonial de las personas jurídicas; y que, en cualquier caso, dicha indemnización es desproporcionada y excesiva por cuanto la inclusión no alcanzó los tres años, los ficheros no fueron consultados por terceros y la actora no acredita ningún perjuicio más allá de la mera inclusión. Por dichas razones,  la parte demandada solicita la desestimación de la demanda,  con imposición a la parte actora de las costas procesales causadas.

 

Y frente a la demanda formulada, tras la práctica de la prueba en el acto de juicio, el Ministerio Fiscal solicita la estimación de la demanda al haber existido intromisión ilegítima en el derecho al honor y a la propia imagen de Abogados Quijada y Asociados SRL.

 

SEGUNDO.- En el presente caso, tras la prueba practicada, resulta acreditado que:

  • Abogados Quijada y Asociados SRL fue incluida, a instancia de Orange Espagne SAU, en el fichero de morosos Asnef con fecha de 4 de abril de 2014 y en el fichero de morosos Badexcug con fecha de 6 de abril de 2014, por un importe impagado de 87’59 € correspondiente a dos facturas de enero y febrero de 2014.
  • Durante el período de inclusión en el fichero Asnef, éste fue consultado por Cableuropa y Bankia-Caja Madrid.
  • Abogados Quijada y Asociados SRL fue dada de baja en los ficheros Asnef y Badexcug con fecha de 8 de marzo de 2017.
  • Con fecha de 6 de marzo de 2017, se dictó sentencia por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de los de Albacete (verbal nº 537/2016) que declaró que Abogados Quijada y Asociados SRL no adeudaba a Orange Espagne SAU ninguna factura posterior al 26 de diciembre de 2013.

Durante el período de inclusión en el fichero Badexcug, éste fue consultado on-line en dos ocasiones por Telefónica España y mediante consultas automáticas y periódicas por las siguientes entidades: Banco Santander, Banco Popular, Bankinter, BBVA, Abanca, Ibercaja, Caixabank, CCM, Orange y Vodafone.

TERCERO.- Teniendo en cuenta los anteriores hechos acreditados, ha de determinarse, en primer lugar, si el honor de una persona jurídica, como es la demandante, puede verse vulnerado por su inclusión en un fichero de morosos ya que la parte demandada mantiene que no es posible dicha vulneración a la vista de lo dispuesto en la STS, Sala 1ª, de 16 de febrero de 2016, nº 68/2016.

 

Pues bien, ha de destacarse que, en efecto, los artículos 1, 3 y 29 de la LO 15/1999, de 13 de diciembre de 1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, excluyen su aplicación a las personas jurídicas al establecer expresamente en su artículo 1 que la presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.

 

En este sentido, la STS de 16 de febrero de 2016, nº 68/2016, excluye dicha aplicación, aunque no excluye que la inclusión en un registro de morosos pueda afectar a su derecho al honor, si bien no entra en el estudio del recurso de casación porque no se invocó otra normativa distinta de la citada con anterioridad.

 

Sin embargo, en el supuesto de autos, la actora insta la protección de su derecho al honor al amparo del artículo 9 de la LO 1/1981, de 5 de mayo de 1982, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen y, además, en su demanda señala cuáles son las razones por las cuales estima que, con la inclusión del dato en los dos registros de morosos, se ha vulnerado su derecho. Asíalude a que la deuda no era cierta y exigible, a que no existió requerimiento previo de pago, a los cuatro años que la actora permaneció publicitada como morosa y al daño moral causado a su prestigio al tratarse de una entidad dedicada a la Abogacía.

 

Y partiendo de ello, ha de destacarse que la jurisprudencia constitucional y la ordinaria consideran incluido en la protección del honor el prestigio profesional de las personas jurídicas (SSTS de 29 de noviembre de 2010 y

25 de febrero de 2013) porque si bien el honor es un valor que debe referirse a personas físicas individualmente consideradas, el derecho a la propia estimación o al buen nombre o reputación en que consiste no es patrimonio exclusivo de las mismas (STC 214/1991). A través de los fines de la persona jurídico-privada puede establecerse un ámbito de protección de su propia identidad en el sentido de protegerla para el desarrollo de sus fines y proteger las condiciones de ejercicio de la misma. La persona jurídica puede así ver lesionado su derecho mediante la divulgación de hechos concernientes a su entidad, cuando la infame o la haga desmerecer en la consideración ajena. Debe precisarse que, al  tratarse de una persona jurídica, su protección se reduce a la vertiente objetiva o externa del honor como manifestación de su reputación pública (imagen y prestigio), prescindiendo del ámbito subjetivo o dignidad personal sólo predicable de las personas físicas (STS de 7 de noviembre de 2011).

 

Y como indica la SAP Asturias, Sec. 6ª, de 13 de enero de 2017 “es indudable que la comunicación pública de una imputación de morosidad suscitará recelo en la clientela de la empresa afectada y, en el mejor de los casos, le exigirá dar explicaciones, en otros habrá de prestar garantías adicionales, y finalmente en la peor de las hipótesis abortará la oportunidad de nuevos negocios”, por ello dicha Audiencia Provincial, entre otras, no ha dudado en considerar que el honor de una persona jurídica puede verse afectado por un inclusión en un fichero de morosos, como expresa la SAP, Sec. 7ª, Asturias de 15 de junio de 2017 (nº 311/2017); criterio que también mantiene esta juzgadora.

 

CUARTO.- En segundo lugar, resulta preciso determinar si se han cumplido los requisitos que establece el artículo 38.1 RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, para la inclusión de dichos datos en los ficheros de morosos.

 

Antes de nada, conviene indicar que la normativa mencionada sobre protección de datos aplicables a las personas físicas es de aplicación analógica a las personas jurídicas. En este sentido, SSAP de Valencia, Sec 7ª, de 28 de septiembre de 2016 y de Asturias, Sec. 7ª, de 15 de junio de 2017.

 

Pues bien, el mencionado artículo 38.1 dispone que “sólo será posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre que concurran los siguientes requisitos: a) Existencia previa de una deuda cierta, exigible, que haya resultado impagada; b) Que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquélla fuera de vencimiento periódico; c) Requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación”.

 

De dichos requisitos, la parte actora niega el primero y el tercero. En concreto:

1.- En cuanto a la existencia previa de una deuda,

En el presente caso, ha de concluirse que no sólo no se acreditado que existiera una deuda cierta, vencida y exigible que justificara dicha inclusión; sino que además, por sentencia 6 de marzo de 2017, se dictó sentencia por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de los de Albacete que declaró que Abogados Quijada y Asociados SRL no adeudaba a 

Orange              Espagne  SAU  ninguna  factura  posterior  al  26  de diciembre de 2013 (doc. nº 1 demanda).

2.- En cuanto al requerimiento previo de pago,

Dicho requisito es exigido por el artículo 39, en relación con el artículo 38.1 c), ambos preceptos del RD 1720/20117, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LO 15/1999, de 13 de diciembre.

 

El artículo 39 dispone que “El acreedor deberá informar al deudor, en el momento en que se celebre el contrato y, en todo caso, al tiempo de efectuar el requerimiento al que se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo anterior, que en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y cumplirse los requisitos previstos en el citado artículo, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias”.

 

Pues bien, en el presente caso, no consta que Orange informara a la demandante de dicha posibilidad en el momento de celebrar el contrato ya que éste no ha sido aportado a autos.

 

Y, en cuanto al requisito del requerimiento previo de pago, la actora niega su existencia y la demandada, que afirma que sí lo realizó, aporta como doc. nº 3 dos certificados emitidos por la empresa Experian Bureau de Crédito S.A. (con quien la demandada tiene contratados los servicios de impresión y de envíos de requerimientos previos de pago), según los cuales sí se dio cumplimiento a dicho requisito, haciendo constar en ellos que las cartas fueron enviadas y no han sido devueltas por el servicio postal.

 

Sin embargo, dichos documentos son insuficientes para acreditar el cumplimiento del requerimiento previo, pues no consta ninguna circunstancia relativa a su recepción por la actora. Es decir, no existe prueba alguna de que las cartas hubieran llegado a conocimiento de la demandante o que, de algún modo, ésta las hubiera rechazado.

 

Y, aunque es cierto que la normativa no exige un requisito de recepción fehaciente, ello no implica que sea suficiente con remitir una carta sin más, y sin perjuicio de múltiples vicisitudes no imputables a la actora que pueden provocar que no llegue a su conocimiento, pues éste es un requisito esencial para la válida inclusión en un fichero de morosos.

 

Por tanto, no se cumplió el requisito de requerimiento previo de pago para la inclusión de la demandante en los dos registros de morosos.

Por todo lo expuesto, ha de concluirse que, acreditada la intromisión ilegítima en el derecho al honor por la inclusión en dos registros de morosos sin cumplir con las exigencias legales, se produce un perjuicio indemnizable a la parte actora.

 

En este sentido, el artículo 9.3 de la LO 1/1982, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, dispone que “La existencia del perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima (…)”.

 

En definitiva, en caso de intromisión ilegítima rige una presunción iuris et de iure, es decir, no susceptible de prueba en contrario, de existencia de perjuicio indemnizable.

QUINTO.- En cuanto a la concreta indemnización,

Para su cuantificación, debe tenerse en cuenta que no son admisibles las indemnizaciones de carácter meramente simbólico, tal y como disponen la STS nº 386/2011, de 12 de diciembre de 2011; y STS, Sala 1ª, de 21 de septiembre de 2017 (EDJ 2017/190129).

 

Por otra parte, la STS de 27 de abril de 2017 resume los criterios marcados por dicho Tribunal al objeto de valorar el daño moral, señalando que en los casos de inclusión de los datos de una persona en un registro de morosos sin cumplirse los requisitos establecidos por la Ley será indemnizable:

  • La afectación a la dignidad en su aspecto interno o subjetivo,
  • La afectación a la dignidad en su aspecto externo u objetivo relativo a la consideración de las demás personas y que, como señala la STS de 18 de febrero de 2015, debe tomarse en consideración la divulgación que ha tenido tal dato, pues no es lo mismo que sólo hayan tenido conocimiento los empleados de la empresa acreedora y los de las empresas responsables de los registros de morosos que manejan los correspondientes ficheros, a que el dato haya sido comunicado a un número mayor o menor de asociados al sistema que hayan consultado los registros de morosos, así como el tiempo de permanencia,
  • El quebrante y la angustia producida por las gestiones más o menos complicadas que haya tenido que realizar el afectado para lograr la rectificación o cancelación de los datos incorrectamente tratados,
  • Asimismo, la escasa cuantía de la deuda no disminuye la importancia del daño moral que causa la inclusión en los registros de morosos.

Partiendo de lo anterior, en el presente caso, ha de tenerse en cuenta que estamos ante una persona jurídica, de forma que el honor sólo se ve afectado en su aspecto objetivo o externo, en cuanto se atenta así contra su fama y prestigio profesional.

 

Y que la inclusión de la deuda se produjo en dos ficheros de morosos y se mantuvo hasta casi los 3 años. Además, el fichero Asnef fue consultado por dos entidades y el fichero Badexcug fue consultado vía online en dos ocasiones por una entidad y de forma periódica por diez entidades.

Por todo ello, procede fijar una indemnización de 12.000

€, a razón de 6.000 € por la inclusión en cada uno de los ficheros.

Por todo ello, procede estimar parcialmente la demanda.

SEXTO.- Dada la estimación parcial de la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394.2 LEC no se efectúa pronunciamiento alguno respecto de las costas procesales causadas. Por tanto, cada parte abonará las costas procesales causadas a su instancia y las comunes por mitad.

 

Por último, cabe indicar que no puede considerarse sustancial la estimación de la demanda dada la gran diferencia existente entre la cuantía indemnizatoria solicitada (40.000

€) y la otorgada en la presente resolución (12.000 €).

VISTOS los preceptos legales citados y demás disposiciones de general y pertinente aplicación,

 

FALLO

 

Que ESTIMANDO la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales don Domingo Rodríguez-Romera Botija, en nombre  y representación de ABOGADOS QUIJADA Y ASOCIADOS SRL, contra ORANGE ESPAGNE SAU, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Ana Isabel Naranjo Torres,

 

DEBO DECLARAR Y DECLARO que la conducta desarrollada por la demandada consistente en la inclusión de Abogados Quijada y Asociados SRL en dos ficheros de morosos, Asnef Empresas y Badexcug, constituye una intromisión ilegítima en los derechos de imagen de Abogados Quijada y Asociados SRL.

En consecuencia, DEBO CONDENAR Y CONDENO a la demandada:

  • A estar y pasar por dicha declaración.
  • A abstenerse de continuar con la campaña publicitaria en los archivos de morosidad.
  • A resarcir económicamente a la actora por los daños y perjuicios causados en la cantidad de DOCE MIL EUROS (12.000 €), más intereses legales devengados desde la fecha de la interpelación judicial.
  • A publicar la presente Sentencia, a su cargo, en los ficheros Asnef Empresas y Badexcug.

Sin imposición de las costas procesales causadas.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme, y contra ella cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN ante este Juzgado en el plazo de veinte días desde el día siguiente al de su notificación; recurso del que conocerá la Iltma. Audiencia Provincial de Albacete.

 

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la LOPJ, para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea:  beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente.

 

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Albacete en la cuenta de este expediente indicando, en el  campo “concepto” la indicación de “recurso” seguida del código “02 Civil-Apelación”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta  referida, separados por un espacio la indicación “recurso” seguida del código “02 Civil-Apelación”.

 

Líbrese certificación literal de la presente resolución que se unirá a los presentes autos, quedando el original en el libro de sentencias de este Juzgado.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

 

More Blog Entries

Equifax nombra nuevo Director General para Iberia

Antonio Ríos se une a Equifax como Director General para Iberia   MADRID, 16 de...

Equifax nombra Nuevo Vicepresidente de Ventas para España y Portugal

  MADRID, 12 de marzo, 2019 - Equifax Iberia anuncia el nombramiento de Lorenzo...